julio 19, 2016
No es en los hombres, sino en las cosas mismas, donde es preciso buscar la verdad. Platón.
El juez de La Tremenda Corte lo llamaría “periodicidio” o “radiocidio”. Y no será suficiente quitarle el presupuesto anual de 60.5 millones de pesos al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, ni los varios millones que se pagan a “distinguidos” medios de comunicación en Quintana Roo. Desconectarlos para siempre sería la primera y más saludable parte. Hoy, la prensa impresa y la radio, como “instrumento informativo” de los quintanarroenses, está literalmente desahuciada, ya no es útil.
Lo que agradecerán las audiencias y lectores, es la inmediata eutanasia al SQCS y a los convenios que mantienen viva una prensa oficialista nociva. Urge, para dar paso a la libertad de expresión de periodistas éticos y honestos a los que se les quitó su más valioso bien: la palabra libre. La difusión de la verdad completa, llama a la puerta, como derecho fundamental de los quintanarroenses.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos hace referencia en el artículo 14 a las libertades, pero tutela el derecho de Rectificación o Respuesta como propio de quienes resultan afectados por informaciones inexactas o agraviantes. No dude que algunos pocos, hoy tienen acceso al derecho de réplica o a que se corrija algún dato difundido sobre él. Pero ¿y el derecho de las audiencias y en general de la sociedad que ha sido constantemente bombardeada con falsas noticias o verdades a medias? ¿Quién le va a dar respuesta a esos agravios? Está comprobado a nivel global, que la información manipulada de la prensa oficial, altera la percepción de la población y le causa un deterioro profundo que con el paso del tiempo repercute negativamente en la participación ciudadana, la cultura, el comportamiento social y la paz de un pueblo.
Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta, numeral 1.- “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”. Y el numeral 2 dice que “En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”.
La prensa local le causó un profundo daño social a la población quintanarroense ocultando temas tan graves como la deuda de más de 22 mil millones de pesos, la grave deficiencia en servicios públicos, la deplorable infraestructura hospitalaria, la falta de aulas dignas para la educación de los niños ––violando el Interés Superior de la Niñez––; tampoco habló de la opulencia del gobierno, el desvío de recursos, los índices de violencia, feminicidios, adicciones, embarazos en menores, suicidios, etc. La población está mal informada de manera reiterada, sistemática y dolosa. Hoy se sabe gracias a medios nacionales.
El derecho a la información ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia como un derecho básico para el progreso de una conciencia ciudadana, mejor enterada. Pero no sólo se refiere a las solicitudes vía transparencia; no, el gobierno y los medios locales, estaban y siguen obligados a difundir lo que pasa, las audiencias tenían y tienen el derecho de conocer la verdad.
¿Le vienen a la mente nombres de personas que sin ética periodística han contribuido al profundo deterioro de nuestra sociedad quintanarroense? Déjeme su comentario, escríbame en Twitter® en @obercancun.
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